El Poder Ejecutivo emitió un decreto a fines de abril en el que se fijó un plazo de 18 meses para que la industria alimentaria reduzca a menos del 2% el contenido de grasas trans del total de grasas generales en todas las materias primas que utilice. Para los alimentos ya preparados, la exigencia es que ese componente dañino para la salud no supere el 5% de su composición.
El consumo sostenido en el tiempo de grasas trans –o saturadas– puede producir enfermedades cardiovasculares, la explicación del 27% de los fallecidos en Uruguay. Según dijo al portal de la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia Isabel Bove, asesora en nutrición del Ministerio de Salud Pública, «esta medida, muy importante para el país, tendrá sus consecuencias positivas y la industria no tendrá demasiado problema en implementarla, ya que se viene trabajando desde hace tiempo y hay forma de sustituirlas».
De todos modos, quienes no cumplan con esta disposición deberán atenerse a sanciones. Las empresas estarán obligadas a presentar «certificados de las grasas trans incluidas en sus productos», de forma de poder «realizarles un seguimiento», aseguró la jerarca.
Por otra parte, se estableció un tiempo de cuatro años para lograr un objetivo mayor: que estas grasas perjudiciales para la salud no superen el 2% en los alimentos de consumo directo así como en los ingredientes de uso industrial.
El efecto negativo de las grasas saturadas es muy amplio. Además de contribuir a una tercera parte de los fallecimientos en Uruguay, produce un importante aumento en los niveles de colesterol, y una disminución relevante del denominado colesterol bueno –aquel que se genera cuando se realiza ejercicio–. Además, colabora en la generación de los síndromes metabólicos y los cuadros de diabetes.
El Observador/Farmanuario
