La nueva legislación sobre seguridad y salud ocupacional ha ampliado la oferta y la demanda de servicios en ese segmento; organizaciones buscan evitar perjuicios por accidentes y adicciones.
A tono con la nueva legislación en seguridad y salud ocupacional, asoma una oferta de servicios más amplia que busca dar respuesta a la demanda de las empresas para garantizar condiciones de trabajo adecuadas y evitar riesgos a causa de accidentes y problemas sanitarios del personal.
Tanto la Ley de responsabilidad penal empresarial como el decreto presidencial (con fecha del pasado 2 de mayo) que prohíbe el consumo de drogas —alcohol y cannabis, entre otras— en el trabajo, apuntan a reforzar la seguridad y la salud de los trabajadores. Ante ello, más empresas comienzan a revisar o ajustar directamente sus protocolos, entre otras medidas, para evitar eventuales dolores de cabeza.
Uno de los problemas al que se enfrentan las organizaciones es el consumo de drogas. Este fenómeno es considerable entre los trabajadores y, en Uruguay, revela una prevalencia similar a la que se observa en la población de entre 15 y 64 años, explicó Héctor Suárez, director del Observatorio Uruguayo de Drogas.
Según datos de 2014, 261.000 personas tienen uso problemático de alcohol, cifra que se repetiría entre los trabajadores aunque «no significa que consuman en el lugar de trabajo», aclaró Suárez. A su vez, se relevaron 27.000 consumidores problemáticos de marihuana, mientras que otras drogas como pasta base (14.500) y cocaína (5.900) exhiben una incidencia menor.
Varias compañías especializadas en salud laboral coinciden en que las drogas son hoy la principal preocupación de los empresarios, incluso más que el alcohol a pesar de que esté más extendido su consumo. En respuesta, empresas de la construcción y el transporte realizan desde hace años chequeos de drogas en el personal, entre otras acciones preventivas como parte de su operativa regular. No son las únicas en tomar medidas; en ramas como el software, las telecomunicaciones, la hotelería, la metalurgia, las empresas de vigilancia, laboratorios e importadoras, ha aumentado la demanda de servicios generales en salud y seguridad laboral.
Algunas firmas ya reaccionaron al decreto sobre el consumo de drogas en el trabajo. «Hemos tenido llamadas de empresas, principalmente de gerentes de Recursos Humanos, desde la semana pasada», comentó Bruno Berchesi, director de Consultora Prevenir.
La firma atiende a 60 clientes en el área de seguridad y salud laboral con servicios que van desde la capacitación a empresas, asesoramiento legal y redacción de los protocolos de actuación, hasta los exámenes al personal. Para este paso, utiliza un sistema basado en «tiras» que detectan la presencia de sustancias en la saliva. El grado de precisión es altísimo; según Berchesi, en cuestión de minutos se obtiene el resultado del test con un margen de error, que por ejemplo en alcohol es de apenas 0,2.
La Clínica Preventiva comenzó a recibir consultas sobre chequeos de drogas al personal incluso antes del decreto. Si bien la firma aún no brinda el servicio, su director Matías Izuibejeres, indicó que formaron una alianza con un laboratorio para comenzar a darlo en breve.
La clínica abrió en 2011 y un año después se lanzó al segmento de salud laboral al ver que «era una parte que requerían las empresas» y que se trataba de una tendencia en otros países. El paso siguiente fue armar un equipo con un médico experto en salud ocupacional, psicólogos, prevencionistas, entre otros especialistas, además de contar con el apoyo de abogados.
Las consultoras también están incorporándose a este nicho, en base a asesoramiento (legal y técnico), capacitación, y el diseño de planes correctivos diseñados para cada cliente. Para ello, intervienen equipos multidisciplinarios.
En esa línea trabaja Possum Consulting, que abrió el área de seguridad y salud ocupacional hace un par de años ante una demanda masiva de empresas, que provocaron una «corrida» tras la aprobación de la ley de responsabilidad penal empresarial, indicó el director comercial, Andrés Freitas.
La consultora KAD realiza «auditorías no invasivas» de los procesos de la empresa, los contrasta en función de las normas y entrega una «foto» de la situación de la compañía, describió Gustavo Silva Yona, asesor en gestión de riesgos de KAD. El ejecutivo explicó que la nueva reglamentación movilizó a las empresas a buscar asesoría legal, pero no tanto a nivel de los sistemas de gestión de riesgo para prevenir accidentes laborales. Actualmente, la firma atiende a entre 20 y 50 empresas.
Raúl Baragnano, director de la clínica y consultora en salud ocupacional Medilab, matizó el efecto de los cambios en la legislación sobre la demanda de servicios; considera que las empresas nacionales de gran porte y las multinacionales ya tienen este tema «masticado». En cambio, entre las pymes el escenario es diverso. Medilab, que trabaja en el rubro desde 1985, incluye en su propuesta la realización de exámenes para la detección de drogas a través de espirometrías y saliva.
Daños y perjuicios.
El impacto de los problemas de seguridad y salud laboral tiene un efecto directo en el funcionamiento de las empresas. También en sus finanzas y patrimonio, al «tener consecuencias económicas por omitir o no cumplir con ciertas normativas», apuntó Freitas.
La merma de la productividad y el daño de equipos o maquinarias costosos son riesgos potenciales. Además, las organizaciones se ven expuestas a problemas, como «robos entregados» o pérdidas de intangibles valiosos, como información confidencial.
En este escenario se ha vuelto más frecuente que la dirección de las empresas se involucre más en estos temas, tradicionalmente un resorte de supervisores o gerentes de RR.HH. Pese a este avance, aún persisten escollos que afectan la toma de decisiones en la interna.
La falta de cultura en gestión de riesgo es una barrera. «Es un área que no ha sido desarrollada por las empresas, siempre hemos sido del estilo correctivo, no preventivo», evaluó Silva Yona.
Las empresas tampoco suelen contar con un presupuesto definido para esa área. «Hay empresas que aún están en la etapa de empezar a ver qué tienen que hacer, entonces aprobar un presupuesto no es inmediato», dijo Izuibejeres.
Pasos a seguir.
Por otra parte, la detección de trabajadores que consumen drogas dispara el problema sobre cómo actuar con esos empleados.
Según el decreto, los casos positivos conllevan la suspensión del trabajador durante la jornada laboral y la presentación de un informe por parte del personal de salud encargado del examen, a la comisión bipartita de seguridad y salud laboral en la empresa. Ante un segundo caso, la comisión deberá remitir al trabajador a los servicios de salud para recibir tratamiento o al programa interno de la empresa, si cuenta con uno.
Unas 80 empresas en todo el país tienen acuerdos con sindicatos para tratar casos de adicciones de trabajadores. Estos convenios, que cubren a unas 200.000 personas, permiten que el empleado reciba tratamiento en vez de ser sancionado inmediatamente, indicó Cecilia Miller, de la secretaría de Salud Laboral del Pit-Cnt. La central sindical, junto a la Universidad de la República y la Junta Nacional de Drogas, creó en 2013 un programa de prevención de consumo de sustancias en el trabajo, que atiende al mes a 180 personas con adicciones.
El 95% de los trabajadores atendidos revelan problemas con el consumo de alcohol; de ellos, el 50% solo ingiere alcohol y el otro 50% toma alcohol y otra droga. Hasta ahora, el programa rehabilitó a entre el 54% y 73% de los casos; la reincidencia es de 2%.
El tratamiento se realiza en el Hospital de Clínicas, que oficia de garante ante las partes. El rol de los profesionales del hospital es clave. Si logran que el trabajador cumpla con el tratamiento, la sanción es archivada, de lo contrario, se ejecuta. Convencer al trabajador de cambiar su conducta no sencillo, tanto en los casos de adicciones como frente a los «vicios» en seguridad laboral. Respecto a estos últimos, hay quienes aducen comodidad o practicidad para no seguir las recomendaciones, aun cuando las peores consecuencias sean ya conocidas.
Fuente: Diego Ferreira – El País
